Hace pocos días habló la Vicepresidenta y abrió el debate sobre la ayuda estatal. Las consecuencias más temidas son que la administren determinados dirigentes sociales y que los beneficiarios no trabajen. La realidad es que sostiene a gran parte de argentinos y sin ella pasarían a formar parte de lo que el INDEC estableció como indigencia. Si miramos los números del gasto total del Estado, apenas un 8% lo ocupan los planes y un 6% las asignaciones familiares. Entonces, ¿de qué hipótesis podemos disponer ante este presunto problema de gasto excesivo e injusticia? Primero, aclarar que reducirlo solo a eso es un error que no nos permite encontrar el verdadero problema, y es que la mayoría de los mal llamados “planeros” sí trabajan, pero de otra manera que no es el empleo formal sino de lo que se conoce como “economía popular”. Esto es, ante la crisis del modelo capitalista empresarial, que a través de la relación patrón-obrero las personas pueden desarrollarse económica y socialmente, surgió una nueva manera de obtener un sueldo, de una forma más horizontal y cooperativista. Pero esta no tiene todo el capital y capacidad de inversión que sí tienen las grandes corporaciones, entonces si no se les da un empujón desde alguna política pública bien diseñada, pueden desaparecer. Y no sería el capricho de algún dirigente o de un barrio, el pleno empleo con buenos salarios tal como supo existir en determinado momento del país transmutó y a partir de los 90 y la crisis del 2001 se formó un nuevo estrato social que quedó excluido de esas prácticas tradicionales y si los gobiernos no son creativos y trabajan en conjunto con ellos, se les va a hacer cuesta arriba y muchos compatriotas les quedaría el camino a elegir entre la delincuencia y la pobreza extrema.
Y no queremos ninguno de los dos.
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